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Nuevamente el gobierno y el Fondo Monetario Internacional fueron derrotados. La Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital e implícitamente retó a Guillermo Lasso a convocar la muerte cruzada para resolver la crisis política vigente.
No era una ley más, para el régimen era la oportunidad de oro para privatizarlo todo. A nombre de concesiones o delegación de funciones a privados, el banquero pretendía vender el patrimonio nacional por 30.000 millones de dólares, imponer el libre comercio y precarizar más el trabajo con la apertura al régimen de maquilas.
La antesala de la legislación propuesta por Lasso es la Ley de incentivos para asociaciones público-privadas y la inversión extranjera aprobada a finales del año 2015, durante la vigencia del correísmo. Esa ley, junto al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (Tratado de Libre Comercio), constituyó el remate en la carrera de retorno al neoliberalismo que hizo el prófugo después de privatizar Industrias Guapán, Cementos Chimborazo y el Ingenio Azucarero ECUDOS.
Pero más allá de las promesas de ingentes capitales que vendrían al país a resolver la ecuación de desempleo, atraso y pobreza, lo cierto es que en seis años de curso de las Alianzas Público-Privadas apenas suman 2300 millones de dólares los invertidos en cinco proyectos (concesión de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar y del Puerto de Manta, la carretera Río 7 – Huaquillas, el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y el dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil). Queda claro que no es suficiente una Ley para atraer inversiones extranjeras directas o para generar empleo digno.
La hegemonía del otrora poderoso correísmo les permitió aprobar esa Ley neoliberal, pero ese no fue el destino del gobierno de la banca. A partir que se envió la Ley de Inversiones al legislativo era presumible su archivo por la correlación de fuerzas existente, pues Lasso sufre de debilidad política desde su posesión misma. Basta valorar su bloque parlamentario, agregados los aliados de alquiler que fueron beneficiarios del reparto de cargos en sus respectivas provincias, para concluir que los votos con que cuenta son insuficientes para aprobar las iniciativas legislativas.
Durante el mandato del banquero los acuerdos que consiguió se inscriben a la caótica elección de las autoridades de la Asamblea, que por cierto generó la ruptura con Jaime Nebot y los socialcristianos, además de un pacto oscuro con el correísmo que permitió la vigencia, por el ministerio de la ley, de la reforma tributaria que es socialmente rechazada, pues amplió la base de contribuyentes hacia los sectores de trabajadores medios. Lo restante es un tropiezo tras otro.
Las rabietas de Lasso, por el archivo de su ley fondomonetarista, están fuera de lugar. El autoritarismo no le permite reflexionar que el proyecto neoliberal tampoco tiene cabida en la calle, no tiene apoyo popular. ¿Acaso el presidente sufre de alzheimer para que tan pronto olvide que su designación es la consecuencia de un fraude en la primera vuelta electoral y un voto reactivo ante la amenaza del retorno del correísmo en el balotaje?
Al fin y al cabo, tres de cada cuatro votantes, en las primeras elecciones presidenciales del año 2021, sufragaron por un proyecto político diferente al Consenso de Washington que se convirtió en brújula de los organismos crediticios internacionales y de los gobiernos neoliberales.
El gobierno está castrado, deambula en un laberinto cada vez más estrecho y enrevesado. Como salidas posibles le queda convocar a muerte cruzada a riesgo de no ser reelecto, pactar con el correísmo a cambio de impunidad a los corruptos, completar un mandato a través de consultas populares o agonizar sin legitimidad alguna.
Hasta tanto, Lasso deberá probar que algunos asambleístas y dirigentes políticos pidieron cargos públicos, dinero y exenciones tributarias a cambio de suscribir la Ley de Inversiones, de no hacerlo será cómplice de esos avivatos o pasará como mentiroso a la espera de otra tormenta en la Asamblea Nacional.
Las denuncias hechas por el presidente son inoportunas, pues la mayoría de ellas las reveló una vez que se archivó su proyecto de Ley. La postura oficial más parece una retaliación política que un combate franco a la corrupción, pues deja entrever que el régimen no hubiera solicitado las investigaciones al Servicio de Rentas Internas y a la Fiscal General de la Nación si la Ley hubiese sido aprobada.
En tanto, las respuestas dadas por los denunciados siembran suspicacias sobre otras tantas negociaciones políticas y las cortesías acordadas. Particular mención merecen aquellos pactos necesarios para evadir las investigaciones de los vínculos de Lasso con los Pandora Papers, vale recordar que tal maniobra contó con los votos incluso de quienes ahora se los denuncia como corruptos.
En definitiva, las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo se agudizarán. Mientras en la Asamblea se buscan los votos imprescindibles para evaluar y cambiar las autoridades del Consejo Administrativo de la Legislatura, Lasso apuesta a capitalizar los bajos índices de aceptación del parlamento con un discurso que dinamita toda relación con el Parlamento.
El futuro del banquero depende del manejo de esta crisis política institucional que se profundizó con la destitución y reemplazo de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El ejecutivo no puede disimular su interés de controlar los concursos para cooptar los órganos de justicia y control, tal parece que Lasso está obsesionado por convertirse en la versión autocrática actualizada de Rafael.
En adelante, el argumento de la ingobernabilidad y del bloqueo institucional será usado como un recurso de campaña electoral en perspectivas de salir airoso en una probable consulta popular, más no de la muerte cruzada. El banquero tiene pánico a la convocatoria a nuevas elecciones que cambie la correlación de fuerzas, disminuya su influencia política y sea insuficiente para repetir un mandato presidencial.
Es evidente que será difícil sortear la parálisis institucional, pero más complejo será resarcir el débil apoyo popular del gobierno, de poco servirá el cambio de la ministra Alexandra Vela o del vocero Carlos Jijón para lograr armar una mayoría legislativa y mejorar la gestión de Lasso. Las perspectivas apuntan a una prolongación de las pugnas interburguesas en la Asamblea Nacional y a un florecimiento de la oposición popular que puede desembocar en un nuevo levantamiento que exija la salida de todos.
Si Lasso insiste en imponer su proyecto político y económico, si continúa en el rumbo de incumplir las ofertas de campaña, la ingobernabilidad se trasladará de las instituciones a la movilización callejera.
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