|
El primer antecedente jurídico de la Administración de Justicia en Cuenca, es el Senado de Justicia, cuya instauración estaba proyectada en el capítulo tercero del “Plan de Gobierno” o “Constitución de la República de Cuenca”, primera instauración jurídico-político de corta vigencia, que surge con el movimiento independentista del 3 de noviembre de 1820, desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre del referido año. Dos años después, el Mariscal Antonio José de Sucre, mediante decreto expedido el 20 de marzo de 1822 por orden del Libertador Simón Bolívar, en Cuenca crea la primera Corte Superior de Justicia en lo que hoy es la república del Ecuador.
Han transcurrido 200 años desde su fundación, quedando atrás, las rudimentarias formas de trabajo, cuando, por ejemplo, utilizando pluma y tintero para escribir, se registraban de forma manuscrita la fe de presentación en los escritos que ingresaban en las judicaturas, para ser despachados por los jueces de la misma manera, o en antiguas máquinas de escribir. El proceso de modernización del sistema judicial en el Ecuador, se inicia en Cuenca, desde el año de 1998, con la capacitación al personal de los juzgados pilotos primero, quinto y octavo de lo civil; segundo y tercero de lo penal, en herramientas administrativas como motivación para el cambio, servicio al usuario e informática, y dotándoles de equipos de computación modernos, que les permita estar a la vanguardia con los adelantos técnicos y administrativos gerenciales, para una nueva modalidad en la atención al usuario, y consecuentemente mejorar la Administración de Justicia en el país.
Las efemérides de episodios emblemáticos como el Bicentenario de fundación de la Corte de Justicia en Cuenca, invitan a evaluar el pasado, reflexionar sobre el presente y a hacer apuestas a futuro. En este contexto, se puede manifestar que, las actuaciones de sus funcionarios judiciales, han estado enmarcadas en una conducta de servicio con honestidad e idoneidad; virtudes que, han sido reconocidas por la colectividad, al calificarla como referente en Administración de Justicia del país. Sin embargo, a pesar de su buena reputación, es imperativo que el trabajo de los servidores judiciales de esta provincia y del país, con el apoyo de autoridades locales, provinciales, nacionales, y ciudadano, venciendo todo obstáculo y escándalo, sin odios, ni pasiones; sino más bien, con tacto, comprensión, sensibilidad y firmeza, cualidades que adornaban a sus fundadores, que dan fe de su calidad humana, continúe por la senda del trabajo con ética, dedicación y buen criterio en la difícil y a veces incomprendida tarea de administrar justicia, comprendiendo que solo los ideales de libertad, independencia y estabilidad, podrán hacer progresar a esta noble institución, liberándola de algunas falencias que aún las tiene; así como, de los intereses políticos y la mala actuación de algunos funcionarios, que han puesto en peligro la libertad, independencia y estabilidad de la Función Judicial del país.
Considerando su trayectoria, el Consejo Nacional de la Judicatura, Institución creada el 21 de diciembre de 1998, acogiendo un pedido de autoridades y líderes de la ciudad de Cuenca, el 31 de octubre del 2011, mediante resolución Nº 116-2011, en homenaje a la “Atenas del Ecuador”, declarada por la Asamblea Nacional en enero de ese mismo año, como: “Ciudad Universitaria”, resolvió: “DECLARAR a la ciudad de Cuenca como sede de la Escuela de la Función Judicial, en el marco de lo previsto en el artículo 80 del Código Orgánico de la Función Judicial”. Resolución que fue oficializada por la Dra. Tania Arias, vocal del Consejo de la Judicatura, en la sesión solemne efectuada el día jueves 3 de noviembre del 2011, con ocasión de conmemorarse el 191 Aniversario de Independencia de Cuenca.
Ante el incumplimiento de la referida resolución, el Concejo Municipal de Cuenca y el Consejo Provincial del Azuay, en sesiones de fechas 29 de octubre de 2019 y 3 de enero de 2020 respectivamente, resolvieron exhortar al Consejo Nacional de la Judicatura la efectiva implementación de la Resolución Nº 116-2011 que declara a Cuenca, capital de la provincia del Azuay, como sede permanente de la Escuela de la Función Judicial. Como resultado de estos exhortos, y otros pronunciamientos en este mismo sentido como el pronunciamiento de los expresidentes de la Corte Provincial de Justicia del Azuay; el 30 de octubre del 2020, mediante resolución 119-2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura en funciones, en homenaje al Bicentenario de Independencia de Cuenca, resolvió: “RATIFICAR LA SEDE DE LA ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY.”. Resolución, que hasta la presente fecha no se ha cumplido, a pesar de que en la tercera disposición transitoria se dispone: “La o el Directorio General del Consejo de la Judicatura, en coordinación con los Directores Nacionales correspondientes y la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura, se encargarán de la aplicación de la presente resolución, especialmente en lo relativo al personal, bienes, partidas presupuestarias y los recursos económicos para el óptimo funcionamiento de la Escuela de la Función Judicial en la ciudad de Cuenca, a partir del mes de marzo del año 2021.”
El Bicentenario de fundación de la hoy Corte Provincial de Justicia del Azuay, presidida por la Dra. Alexandra Vallejo Bazante, es el momento histórico oportuno, a fin de que sus integrantes adopten una posición digna y firme, resolviendo sumarse a los exhortos, y múltiples manifestaciones públicas, como la posición adoptada por la Asambleísta del Azuay Ab. Sofía Sánchez Urgirles, exigiendo el cumplimiento de lo resuelto; y para que, el Consejo Nacional de la Judicatura, honre sus compromisos, ejecutando dichas resoluciones sin evasivas, que no tienen sustento alguno, en homenaje a la trayectoria de esta noble institución judicial, y a la de esta ciudad y provincia, que anhela, construir un país descentralizado que recupere las fortalezas de cada región para un desarrollo, humano y territorial equitativo, y la construcción colectiva de una administración de justicia honesta, eficiente y libre.
|
