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Año 21 - Diciembre/2019
BIMESTRAL
N° 114
nacional    INICIO      Domingo 12 de Julio del 2020    
  EDITORIAL

  INTERNACIONAL
¿REVOLUCION ENTRE LOS DIAS?

  NACIONAL
UN GOBIERNO DEBIL E IMPOPULAR
LEVANTAMIENTO INDIGENA Y POPULAR

  DENUNCIA
FUNCIONARIO Y CONTRATISTA AL MISMO TIEMPO
EL FRACASO DE TRES ALCALDES Y LA GRAN ESTAFA DEL TRANVIA

  PATRIMONIO
20 AÑOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL

  HISTORIA
PINCELADAS DEL AYER
EL CHAZO CUENCANO
PASE DEL NIÑO Y KAPAK RAYMI

  CULTURA
UN MAESTRO CONSUMADO

  PERSONAJE
ROSTROS Y RASTROS DE TRASCENDENCIA

  TURIMSO
LACIUDAD LUZ

POR: Francisco Escandón Guervara

 

 


Levantamiento indígena e impopular
Once días de paralizaciones ininterrumpidas fue el telón de fondo de una aguda crisis política en el Ecuador que aún no termina. La derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que elevaba el precio de los combustibles, sólo amansó al torrentoso movimiento social que ahora tiene mayor y mejor conciencia de su capacidad creativa y vencedora.

Esas luchas de octubre constituyeron además el prólogo de un ciclo de movilizaciones y levantamientos en varios países de Latinoamérica. En lo fundamental las protestas principalizaron el rechazo a las políticas neoliberales y a la represión que adoptan los distintos gobiernos tutelados por los organismos crediticios internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La rectoría del FMI no es exclusiva de los gobiernos de la larga noche neoliberal, ni siquiera es la consecuencia de la derrota de los gobiernos alternativos, sino formó parte de la política practicada por los gobiernos latinoamericanos de la década pasada.

Cada uno de esos regímenes remacharon la dependencia como una herencia histórica de las élites, al punto que subordinaron el país a los intereses de monopolios e imperialismos, a propósito del excesivo endeudamiento para resolver el déficit fiscal.

El legado del corrupto correísmo es la crisis económica, que junto el servilismo del gobierno de Moreno constituyen las causas de la actual Carta de Intención con el FMI, la número diecinueve. A cambio de recibir préstamos por $10.277 millones, los multilaterales exigieron el cumplimiento de un paquetazo para incrementar impuestos, eliminar subsidios, privatizar las áreas estratégicas, precarizar el trabajo, reducir la inversión en las áreas sociales, fomentar le explotación minera y petrolera.

Una primera etapa de esa Carta de Intención, durante el año 2018, logró la internacionalización del precio de la gasolina súper, la elevación de la tarifa del combustible ECOPAÍS, el despido de trabajadores del sector público, etc.

Más esas medidas extraordinarias que Moreno anunció como únicas, no fueron suficientes para resolver la precaria condición económica del Ecuador y en octubre pasado se anunció un paquetazo que recogía elementos económicos, laborales y tributarios.

Del anuncio hecho, la única medida efectivizada por el gobierno fue el Decreto Ejecutivo 883 que no sólo incrementaba los precios del diésel y las gasolinas, sino también propiciaba un efecto dominó de encarecimiento de los servicios, del transporte público, y de los productos de primera necesidad.

En síntesis, el gobierno tomó la vía de descargar la crisis en los bolsillos de las clases y capas trabajadoras, mientras los salarios se congelaban. Moreno liberalizaba el precio de los combustibles a precios internacionales, a merced de la oferta y la demanda mensual,  afectando la capacidad de consumo del pueblo ecuatoriano.

La oposición popular fue inmediata. La masividad de las protestas se generalizó en el país hasta constituirse en un verdadero levantamiento indígena y popular, con plena independencia de las diferentes facciones burguesas. Delante del triunfo del pueblo estuvo la CONAIE y fueron co-protagonistas las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores y del Frente Popular, así como la valerosa y combativa juventud.

Del lado de los derrotados está el gobierno de Moreno que, por más fantasmas creados en base de una supuesta insostenibilidad de la dolarización, no pudo ratificar el paquetazo. Fue tal la debilidad del régimen, que retiró la sede del gobierno de Quito para huir hacia Guayaquil, al nicho electoral de socialcristianos y lassistas. Este hecho develó el pacto empresarial-burgués, a nombre de la defensa de la democracia, y las amenazas de un reguero de sangre.

También fueron vencidos el criminal Fondo Monetario Internacional, los políticos burgueses que agitaron discursos de odio racista, xenófobo y regionalista, los precandidatos presidenciales de las élites tradicionales, los serviles oligopolios de la comunicación y las Cámaras de la Producción que no lograron imponer las políticas neoliberales.

Capítulo aparte merece el correísmo que languidece luego de fracasar en su intentona golpista. El fantasma de Rafael no tuvo la vanguardia organizativa del Levantamiento, ni su liderazgo alcanzó el eco suficiente, pues la generalidad de los manifestantes lo rechazó. Ahora el prófugo y sus seguidores deberán enfrentarse a las etapas judiciales finales, en las que no sólo deben ser sentenciados por la corrupción de una década, sino también por su vinculación a las acciones delincuenciales que existieron durante las paralizaciones.

Mal hace el régimen al calificar como zánganos, vándalos, malcriados, terroristas o golpistas a los manifestantes; la falsa paradoja del interés de fuerzas externas para empujar la caída del gobierno es ridícula y denotan la poca capacidad autocrítica frente a sus desatinos económicos y la prédica estéril de combatir a la corrupción de su predecesor.

Es equivocado el argumento de responsabilizar la violencia a los huelguistas. Este es un problema estructural, no se exclusivo del Levantamiento, pues la reacción de los manifestantes es mínimamente el reflejo de la coerción desproporcionada de la policía y el ejército. No se debe olvidar que la matriz originaria del conflicto es el paquetazo decretado por el gobierno, que el estado de excepción violó libertades públicas, que existieron 2500 víctimas (muertos, detenidos y heridos) de la represión, que se amenazó con guerra y uso letal de la fuerza para terminar con los disturbios.

Está claro que durante el Levantamiento el poder de la burguesía estuvo en vilo, fue amenazada su hegemonía, fue cuestionado su monopolio de la violencia, sus autoridades fueron burladas públicamente por la razón de los planteamientos de las organizaciones populares. Por eso tienen sed de venganza, buscan criminalizar la lucha de los pueblos, pretenden desprestigiar a los dirigentes de la protesta y quieren encarcelar a cientos de manifestantes.

El saldo de las manifestaciones de octubre resumen a un gobierno débil y con escasa autoridad política que no logra reponerse de la victoria que alcanzó el pueblo. Hasta el momento, Moreno y su gabinete ministerial buscan infructuosamente aprobar leyes y el presupuesto general 2020 que evidencian la prolongación de la crisis política y el deseo de continuar con el paquetazo neoliberal. Por otro lado, las organizaciones sociales y populares lograron tan legitimidad que construyeron el Parlamento de los Pueblos como instancia de unidad para proponer y luchar, su planteamiento económico es una expresión heterodoxa de como resolver el déficit fiscal sin afectar los intereses de las clases y capas populares.

El Ecuador quedó fraccionado entre unos pocos y las mayorías. Cada esfuerzo de la oligarquía por desnaturalizar el Levantamiento, tuvo la respuesta inteligente del pueblo que combinó diferentes formas de lucha. Cada ensayo de la burguesía por posicionar su llamado a la paz, al respeto de la democracia formal, fue superado por los manifestantes que exigieron justicia social.

Nuevamente la historia la han escrito las masas, ellas testimoniaron que sólo su unidad y lucha es camino de victorias. La próxima batalla serán las elecciones del 2021, ya es tiempo de que el pueblo sea gobierno.


 


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