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Año 22 - Agosto/2020
BIMESTRAL
N° 118
opiniÓn    INICIO      Martes 01 de Diciembre del 2020    
  EDITORIAL

  NACIONAL
BARCOS EXTRANJEROS Y MUTILACIÓN DEL MAR TERRITORIAL
LOS PRESIDENCIABLES
LAS ELECCIONES PARA SUPERAR EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA
JUBILADOS BCE

  ANÁLISIS
LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO

  OPINIÓN
EL ASILO
¿EL CARTEL DE LA CORRUPCIÓN?

  DENUNCIA
NUESTRO CAJAS
GRAVE ATENTADO ECOLÓGICO
EL CAJAS

  CULTURA
BIENAL DE CUENCA
NATABUELAS
PÁGINA LITERARIA
NELA MARTÍNEZ ESPINOZA

  COMUNIDAD
INFAME USUFRUCTO DE MAFIAS PERVERSAS

  TURIMSO
AGRA

POR: Leonardo Parrini

 

 


¿El cartel de la corrupción?
La corrupción es el impuesto más perverso aplicado al pueblo. Pero la corrupción que campea en tiempos de pandemia beneficiando del robo de los recursos públicos a un clan familiar es lisa y llanamente un crimen.

Esta semana fue conocido un nuevo capítulo de la trama de corrupción que asola al país con las medidas cautelares que dictó la jueza Gianella Noritz en contra de miembros de la familia Bucaram. El ex presidente Abdalá Bucaram enfrenta cargos por un presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. Durante allanamiento al domicilio del exmandatario se encontraron una pistola y balas para las cuales no tenía permiso, además de unas 5.000 máscaras, 2.000 pruebas Covid y otros productos escasos en la emergencia sanitaria.

En tanto, sus hijos Dalo, Michelle y Jacobo Bucaram Pulley, actualmente fuera del país, tienen orden de prisión por presunto delito de asociación ilícita para la venta irregular de insumos a hospitales del IESS en Guayaquil. Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo B., debe regresar al país desde los EE.UU y presentarse diariamente ante la Unidad de Flagrancia. El dictamen de la jueza incluye a los hermanos Daniel y Noé Salcedo; así como a Stéfano Adum, Karina Cadena, Jorge Henriques, Federico Zenk, Xavier Jordán y Pablo Mendoza. También se dispuso arresto domiciliario y el uso de un grillete electrónico para Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

En la investigación, Dalo Bucaram ha sido mencionado por su relación con Daniel Salcedo, quien enfrenta una prisión preventiva por ser partícipe presuntamente del delito de peculado en la venta de bolsas para cadáveres para el hospital del IESS de Los Ceibos a un costo de $148 cuando el precio en el mercado es de $12, según informes de la Contraloría. Salcedo ya guarda prisión en la cárcel de El Inca en la ciudad de Quito. Jorge San Lucas y Marco Sevillano recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva y deberán presentarse todos los días ante la autoridad competente. Cabe notar que todos los procesados tienen prohibida la enajenación de bienes y se bloquearon sus cuentas en instituciones bancarias.

La reacción de los implicados apunta a desviar la atención sobre los hechos. Abdala Bucaram escribió en su cuenta de Twitter que en las próximas horas «anunciará su decisión sobre la candidatura para la presidencia». Mientras que el abogado de Gabriela Pazmiño dijo que su cliente «no regresará al país por falta de vuelos desde los EE.UU”.

No deja de llamar la atención que una familia tenga acceso a un entramado de relaciones comerciales y societarias al punto de constituir un presunto cartel dedicado a la compra venta de medicamentos e insumos médicos que termina en la proveeduría de los hospitales de la seguridad social con sobreprecio y reventa al público a través de redes sociales. Si un grupo, presuntamente asociado ilícitamente, aparece como beneficiario de compras públicas de insumos médicos con la intervención de directivos de los hospitales involucrados, es que alguien con autoridad hizo posible tal vinculación entre el sistema de salud pública y una red de contrabandistas y revendedores de medicamentos e insumos hospitalarios.

En esferas parlamentarias se habla de la entrega de hospitales de Guayaquil a grupos políticos y familiares de esa ciudad a cambio de apoyo en proyectos de ley presentados al parlamento por el Ejecutivo. Aquel secreto a voces debe tomar cuerpo en investigaciones formales que determinen a los autores, cómplices y encubridores de dichas prácticas políticas. El país ya debe conocer quién entrega y quién recibe prebendas a cambio de complicidad política en la Asamblea Nacional.

Esa es la tarea pendiente de la Fiscalía: desentrañar las responsabilidades en las altas esferas del poder y revelar los nombres de ministros, funcionarios, asesores y secretarias partícipes de la corrupción en el aparato del Estado. La tarea de jueces probos es mandar a la cárcel a los responsables de este crimen de Estado que pone al Ecuador en la mira del más vergonzoso entramado de corrupción de los últimos tiempos.
(lapalabrabierta)


 


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