Ediciones Anteriores
 
Año 16 - Febrero/2014
BIMESTRAL
N° 79
internacional    INICIO      Lunes 20 de Mayo del 2024    
  EDITORIAL

  INTERNACIONAL
PETRÓLEO MEXICANO AL CAPITAL CORPORATIVO

  POLÃTICA
REVOLUCIONES "DÉBILES" Y "FUERTES"
PANORAMA ELECTORAL

  OPINIÓN
LA CORRUPCIÓN Y LOS DERECHOS CIUDADANOS
LOS CARETUCOS DE LA REVOLUCIÓN
LENGUA DULCE, CORAZÓN MALO

  ENTREVISTA
¡EL RESPONSABLE DE LA QUIEBRA DE COOPERA ES EL ESTADO!

  DENUNCIA
IRREGULARIDADES EN ETAPA

  CULTURA
CULTURA Y CREACIÓN
ADALBERTO ORTIZ
EL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS

  COMUNIDAD
¿ Y DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO QUÉ?
MUJERES LIDERESAS

POR: José Gandarilla S.

 

 


Petróleo mexicano al capital corporativo
Especial para el Observador, desde México

El gran crítico de arte y literato británico, John Berger, concluye uno de sus mejores libros, el que lleva por título Puerca Tierra, con la siguiente afirmación, que nos abre una buena perspectiva para lo que intentamos señalar en este escrito. Afirma Berger:
El papel histórico del capitalismo es destruir la historia, cortar todo vínculo con el pasado y orientar todos los esfuerzos y toda la imaginación hacia lo que está a punto de ocurrir. El capital sólo puede existir como tal si está continuamente reproduciéndose: su realidad presente depende de su satisfacción futura. Ésta es la metafísica del capital (Berger, 2006: 362).
Si el capitalismo, entonces, en términos de su entendimiento, en un nivel ciertamente abstracto, exhibe en su desbocamiento tal finalidad de destrucción, lo específico del capitalismo mexicano en los últimos treinta años reside justamente en dicho objetivo: en la tentativa de destrucción de la nación como “comunidad histórica”. La modalidad neoliberal de capitalismo que en México se ha ensayado pareciera que ahora sí ha llevado este cometido a sus últimas consecuencias. El coste que se ha pagado y se está pagando en esta auténtica “guerra prolongada de un Estado en contra de su comunidad política”, que comenzó instrumentándose como “revolución pasiva” (según la jerga gramsciana) pero que actualmente se vive al modo de un muy peculiar “Estado de excepción”, ha sido muy alto al grado de estar llevando a consecuencias gravísimas la instrumentación de políticas que sintetizan un “programa de desnacionalización integral”, agresivo y de largo plazo, y que al día de hoy ha logrado su propósito al encaminar a nuestra nación a los umbrales de experimentar con otro sentido la muy actualizada condición de colonialidad (bajo una irregular, específica y renovada ocupación y devastación territorial).  
Como resultado de la conflagración social que culminó en la Revolución Mexicana, el horizonte que para dicha sociedad se abría era uno en que sus anhelos y utopías se encaminaban a una labor de reconstrucción pero también de progreso y desarrollo económico. Dicho proyecto alcanzaba su legitimidad en la tentativa de conformación de un nuevo sujeto social histórico, constituido en el cuarto de siglo que va desde los momentos previos al estallido revolucionario (1910) hasta los años del gobierno cardenista (1935). Ese gran proyecto histórico (rápidamente interrumpido) veía culminar el proceso revolucionario con una medida ella misma revolucionaria, la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Ese gran acontecimiento social y cultural (no meramente económico o heroico en los logros de la ingeniería mexicana), condensó en un instante histórico de gran densidad uno de los alcances más altos de sentido de lo que por nación, en México y en toda Latinoamérica, podía llegar a concitar en el imaginario de su tiempo. El espesor social de tal acontecimiento fue claramente percibido por Lázaro Cárdenas en el momento en que su condición histórica (mediada ella misma por las potencias mundiales en conflicto, por la emergencia y consolidación del fascismo y la derrota de la república en España) se lo hubo de exigir, cuando en una ocasión muy peculiar de su biografía le confía al más cercano de sus colaboradores, el también general Francisco J. Mújica, la tarea de preparar:
Un manifiesto a la nación para explicar por qué nos vemos obligados a expropiar las empresas petroleras. Que este manifiesto pida el apoyo del pueblo y explique por qué es una resolución que dignificará a México y que fortalecerá la soberanía y la independencia económica. Pero mantenlo en total reserva todavía (Montemayor, 2008: 22).
Tan pronto como a fines de los años sesenta del siglo pasado, este proyecto (el del nacionalismo mexicano) comenzó a revelar sus límites cuando los logros en materia económica no se vieron reflejados en un impulso democratizador, una de cuyas caras debía haber sido la mejor distribución de la riqueza o la superación de los niveles de miseria y pobreza en vastas regiones del país.
En la tentativa de obtener aquellas metas, que se cumplen cuando el progreso económico tiene el alcance como para ser asumido como un progreso social, la plataforma de despegue no era otra que la conformación, en el imaginario social, de México como nación soberana y autosuficiente en la medida en que se lo permitía el asumirse como depositaria de una gran riqueza petrolera. Hoy, a tres cuartos de siglo de aquel evento la historia es muy distinta. 
Las reformas neoliberales de la dupla derecho-centrista que gobierna el país desde hace un cuarto de siglo (luego del primer fraude electoral de la etapa contemporánea, en el año de 1988) han afectado en sus puntos neurálgicos el esquema constitucional que articulaba el propósito de hilvanar un nuevo tejido social, un nuevo pacto nacional, con el que se abría históricamente el siglo XX mexicano. Luego del estallido revolucionario de 1910-17, cuatro eran los ejes sobre los que descansaba ese pacto nacional al que el neoliberalismo pretendió desde un comienzo dar fin, desmantelarlo como un todo: derecho a la educación (expresado en el artículo tercero constitucional), derecho de la nación al usufructo de los bienes y recursos naturales (artículo 27), derecho laboral (artículo 123) y separación de la Iglesia y el Estado (artículo 130). En cada uno de esos cuatro ejes los resultados de las contra-reformas de tipo constitucional han sido evidentes y lamentables. Los mismos se miden por sus consecuencias en el marco de una debacle socioeconómica (no podía ser de otro modo para un país que dispone de una estructura económica con crecimiento casi nulo en tres décadas) que es expresiva de un desmontaje integral del principio de soberanía. No es casual tampoco que en términos sociales contingentes importantes de los pobladores de estas tierras se hayan visto arrojados a la condición de “nuda vida”, despojados de derechos y del derecho a tener derechos. La medida del desastre educativo es escandalosa y todavía incalculable en sus efectos a futuro; la pérdida de la autosuficiencia alimentaria ha llevado a algunos especialistas a sostener que la condición de campesino es la de una especie en extinción; la regresión de la situación laboral, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, la reforma a jubilaciones y pensiones no se ve reflejada en crecimiento económico pero sí en concentración de la riqueza; el afianzamiento de los poderes eclesiásticos y la presencia cada vez mayor de las instituciones de culto en diversas dimensiones de la vida pública y en las acciones de gobierno, es el pan de cada día.
Es difícil saber si el actualmente senador por uno de los partidos opositores en México, Manuel Bartlett Díaz, llegó a imaginar siquiera el lugar tan significativo y protagónico que habría de desempeñar en toda esta historia que el país ha conocido en los últimos años y que llevó finalmente a la modificación del principio constitucional que reservaba el usufructo de los hidrocarburos a la nación y los ha puesto finalmente a disposición de las “grandes hermanas” de la industria petrolera mundial (en los últimos días de diciembre de 2013). Y no me refiero al papel que representa ahora, convertido en adalid de la defensa del patrimonio nacional, sino a su actuación, en julio de 1988, como Secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral (CFE), momento histórico en que no sólo convalidó sino ejecutó el fraude electoral que colocaría en el ejercicio de gobierno a Carlos Salinas de Gortari y a todo su equipo de yuppies neoliberales e impediría, con esos artilugios técnicos y legales, que al hijo del nacionalizador del petróleo (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano) se le reconociera la victoria que había obtenido en las urnas. Es cierto que la persona humana no hace por sí misma la historia, sino que la hace en los límites que le confiere su condición histórica (ella gobernada por poderosas fuerzas sociales, económicas y políticas), pero no es menos cierto que en el ejercicio de hacer memoria de dicha historia requerimos, también, medir la estatura intelectual de los personajes que comparecen en dicha arena y los límites o alcances de lo que en su acción es dable esperar de ellos.
No es arbitrario hacer referencia a esta especie de personificación esquizofrénica con que, con cada vez mayor frecuencia, se dotan los personajes de la política mexicana que, actualmente, sin embargo, más allá de ese pintoresquismo barroco está colocando la vida nacional en límites de violencia y conflicto antes inimaginables. Todo esto hace parte de una historia muy añeja en la que el interés nacional fue sucumbiendo, poco a poco, hasta hacer efectivo el desmantelamiento del principio constitucional que derivó de la Revolución de 1917 (dicho fue el papel que vinieron a cubrir “los tecnócratas” que, como dijera en su momento Carlos Monsiváis, se comportaron como la primera generación de estadounidenses nacidos en México), todo ello con el fin de satisfacer el apetito insaciable del imperialismo norteamericano, el complejo militar industrial y sus corporaciones globales, presionadas como ninguna otra burguesía mundial por su dependencia energética de los hidrocarburos del planeta entero.
Lo cierto es que los hechos que llegaron a su final consecuencia a finales del año pasado consumando una contra-reforma energética completamente permisiva y favorable a las grandes empresas petroleras del Norte se vinieron fraguando desde hace cerca de cuarenta años, cuando a la luz de uno de los lados de la crisis mundial, el boom petrolero, los Estados Unidos asumieron en sus prospectivas energéticas la estimación de las reservas petroleras mexicanas como un asunto de su seguridad nacional. El plan fraguado desde aquel tiempo se fue implementando sobre la base de la petrolización del Estado mexicano y de su economía (a fines de los años sesenta), la imposición de un programa ajeno que impidió canalizar esa industria emergente hacia la refinación o la petroquímica secundaria y limitarlo hacia las labores de extracción (con desperdicios inconmensurables sobre todo por el muy escaso aprovechamiento del gas natural, renglón en el que México no fue nunca potencia o potencial competidor), el posterior endeudamiento externo, justamente para financiar las nuevas plataformas petroleras, una irresponsable política de ingresos que hizo permanentemente descansar el presupuesto programable sobre la paraestatal (PEMEX), dificultando su inversión, toda vez que se reservaban los ingresos por la venta del hidrocarburo para el pago de la deuda externa (más al costeo de los intereses que al abono de capital), y por la negativa a implementar reformas fiscales progresivas que gravaran a los sectores de altos ingresos, que por lo demás han asumido al Estado como de su propiedad (una de las marcas también de la colonialidad) y una entidad que debe estar a su servicio y nunca para implementar fiscalidad alguna. Ya en años más recientes, bajo la égida del salinato neoliberal y sus continuadores la campaña se dirigió a una “remodelación normativa” de amplio alcance modificando primero la ley secundaria de PEMEX, reduciendo a un mínimo la considerada industria petroquímica bajo control del Estado, implementando nuevas reglamentaciones para la inversión externa y consolidadndo todo ello bajo el constructo meta-jurídico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bajo ese esquema la política de apropiación de los recursos petroleros de la nación se implementó bajo la figura de los “contratos de servicios múltiples”. Lo que el nuevo estatuto constitucional hace es llevar este proceso a su última consecuencia, regular bajo jure lo que ya venía ocurriendo de facto.
Lo que por ahora se ha consumado a finales de 2013 en un año en que, a diferencia de otros países de la región, en México “el enemigo no ha cesado de vencer”, no debe arrinconarnos en la fatalidad. La situación para las capas más representativas del pueblo queda expuesta por ahora a una incierta coyuntura, pero en ello sirve también mirar de nueva cuenta hacia la “otra historia”, la subterránea y que se da a contrapelo del poder, no distintos debieron haber sido los tiempos de aquéllos que se echaron a cuestas la transformación de un mundo que se presentaba invivible. A eso apostamos.
Referencias.

John Berger, Puerca tierra, Buenos Aires: Suma de Letras Argentina, 2006.

Montemayor, Carlos. 2008. 1938: El petróleo que fue de México. Argumento histórico para una película que aún no se ha filmado, Ciudad de México, La Jornada ediciones – Sindicato Mexicano de Electricistas.



José    Guadalupe    Gandarilla    Salgado

Doctor    en    Filosofía    Política,    investigador    de    la    UNAM.    Mención    honorífica    en    la    octava    edición    del    Premio    Libertador    al    Pensamiento    Crítico,    por    su    libro    Asedios    a    la    totalidad.    Poder    y    política    en    la    modernidad    desde    un    encare    de-colonial    (Barcelona,    UNAM    –    Anthropos,    2012,    354    pp.).



 


ENCUESTA
¿Está de acuerdo usted que el Tranvía pase por la Calle Gran Colombia en Cuenca?
SI
NO

resultados


  Dirección: Sucre 3-90 y vargas Machuca
3er. Piso, oficina #31
Teléfono: (593-7)2841019
Fax: (593-7)2841103

Copyright © 2012 PROCORP