EDITORIAL

Defender la libertad de expresión es una tarea de todos los seres humanos, no es exclusivo de los medios de comunicación, ni de los gremios, ni de organizaciones nacionales e internacionales. Esa libertad de expresión fue amordazada, agredida, perseguida, sancionada, por la tristemente célebre ley de comunicación que puso en vigencia el gobierno nefasto de Correa, a través de una comisaría a la que denominaron Supercom, en proceso de extinción. La misma Corte Constitucional que ayer aprobó a la comunicación como un servicio público, hoy como haciendo méritos para no ser destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana (transitorio), reconoce que la comunicación es un derecho.

Esto ha propósito del juicio penal que enfrentamos por el “delito” de haber compartido en el blog jcelobservador.blogspot,com una investigación sobre la “ruta criminal del oro ecuatoriano” (www.verticenews.com) donde se menciona el nombre del abogado Caupolicán Ochoa y de su hijo César. Como vivíamos tiempos de atropellos a la libertad de expresión, de abusos desmedidos en contra de periodistas y medios que jamás negociamos el sagrado deber de informar, Ochoa, el otrora todopoderoso, buscó, sin éxito, una condena por haber cometido el atrevimiento de comunicar; pretendió por todos los medios ilícitos convencer a la jueza de ser el autor del tema que le sacó de casillas. Todo fue inútil, ni siquiera las mentiras cerdosas que se inventó sirvieron para sus intenciones nefastas. Es costumbre de Ochoa recusar cuando las cosas no le salen bien.  Así procedió una vez que apeló la sentencia de primera instancia, rechazó a uno de los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Azuay. En el escrito  se dio el “lujo” de afirmar que: “es un hecho absolutamente público que el señor juez Dr. Edgar Néstor Morocho Iglesias, mantiene íntima amistad con el contraventor denunciado en esta causa, Jaime René Cedillo Feijóo”.

“Con frecuencia se les suele encontrar departiendo juntos, con charlas prolongadas y de manera muy amena, de una taza de café en la cafetería denominada café del teatro, ubicado en la calle Luis Cordero y Sucre, altos del Teatro Casa de la Cultura”.

A esta patraña sin nombre, se atrevió a dar nombres de personas que estarían dispuestas a testificar su siniestra afirmación: Ivonne Vintimilla Beltrán y Franklin Ignacio Peña, este último, administrador de la cafetería. En su desesperación aseguró que existen cámaras que mostrarían las “charlas” entre el juez recusado y mi persona, los días 17 de noviembre y 17 de diciembre de 2016. Me acerqué al mencionado local para preguntar al “testigo”, con el documento en mano y con asistente,  si me conocía, si me había visto alguna vez en el lugar, si le conoce al juez, si el local tiene cámaras. Sorprendido, respondió: “yo no le conozco, nunca le he visto en mi cafetería, no le conozco al doctor Edgar Morocho, y tampoco hay cámaras en el local, que es de propiedad de la Casa de la Cultura”.

Así acostumbra litigar el susodicho abogado, defensor del prófugo de la justicia Rafael Correa. Le recusó a la jueza Daniela Camacho, que lleva la causa por el supuesto delito de secuestro al político F. Balda. Le acusa de haber demostrado hostilidad y animadversión. Las resoluciones de los jueces sin Correa, ahora para Ochoa tienen nombre y apellido:  “escandaloso y preocupante”, “carencia de imparcialidad””, “franco abuso del derecho”, “afirmaciones absolutamente superficiales”, “prejuicios, especulaciones”. Y cuando se trata de evadir su responsabilidad por el incumplimiento de sus tareas de docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, afirma que la culpa no es de él, sino del reloj biométrico que le recusa durante décadas. La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.